La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, recordó que "refrescamos la ley para que sea más apetecible, para que realmente al empleado le interese desvincularse y no tiene fecha límite de finalización, con lo cual podemos seguir recepcionando los trámites o los pedidos, por lo menos las consultas, para que el empleado tenga la seguridad de lo que va a hacer si adhiere a esta ley".
De esta manera se busca brindar mayor seguridad y transparencia en el proceso de desvinculación voluntaria, protegiendo los derechos de las y los trabajadores y promoviendo la estabilidad laboral en la provincia.
El objetivo del Gobierno provincial es brindarle una herramienta económica al empleado que es parte de la planta permanente del Estado y desea desvincularse para realizar un emprendimiento o vincularse de manera privada a otro sector laboral. "Queremos que tengan la posibilidad de hacerlo sin incompatibilidades y que no se vaya con las manos vacías después de tantos años de trabajo", aseguró Lastra.
Se debe recordar que quedan excluidos de este régimen o de la posibilidad de desvincularse integrantes de Policía, Servicio Penitenciario, Docentes, agentes que no revisten el carácter de planta permanente (contratados), gente que tuviera un trámite disciplinario en curso cuyos resultados fueron a cesantía. Quienes estén a poco tiempo de jubilarse, que le queden menos de 5 años, tampoco están con posibilidades de vincularse a ésta ley.
La nueva Ley mejora la liquidación final a percibir debido al aumento del porcentaje de sueldos a pagar por año de antigüedad del agente. Quien adhiera al régimen percibirá una suma equivalente a 1,2 sueldos por año de antigüedad o fracción mayor a seis meses.
También se mantiene la cobertura de la obra social IPROSS durante un año, con los costos de aportes y contribuciones %100 bonificados para el o la afiliada, que serán afrontados por el Gobierno provincial.
Otro beneficio son las exenciones en tributos provinciales. Quienes luego de desvincularse registren una alta tributaria unipersonal en alguna actividad económica en la provincia y quienes contraten personal desvinculado dentro de los 12 meses de la fecha de desvinculación, obtendrán la exención.