“Son modificaciones que atacan por completo a la actividad pesquera argentina, que ponen en peligro la soberanía y la sustentabilidad de los recursos marinos argentinos”, afirmó.
“Consideramos que el anteproyecto fue realizado con desconocimiento sobre cómo es la actividad pesquera en el mar argentino. No tuvo en cuenta a los actores principales del rubro, al Consejo Federal Pesquero ni a las provincias con litoral marítimo, como lo es Río Negro”, agregó Ressler.
Al respecto, Alberto Weretilneck y otros 4 gobernadores patagónicos se expresaron este martes 2 de enero, a través de un comunicado oficial, en contra de las reformas que se plantean.
Una de las modificaciones apunta a terminar con la obligatoriedad de descarga de productos en puertos argentinos, lo que provocaría un fuerte impacto en la industria nacional en materia laboral y económica.
Otro de los puntos es sobre la posible eliminación de la contratación de trabajadores y trabajadoras de nacionalidad argentina, cuya obligatoriedad está definida en el artículo 40 de la ley 24.922. El mismo define que el 75% del personal embarcado debe ser de nacionalidad argentina, con diez años de residencia.
El artículo 27 del Régimen Federal de Pesca también se vería afectado. Establece distintos aspectos en consideración para otorgar cupos de captura y su modificación implicaría la implementación de una licitación pública, tanto para empresas argentinas como extranjeras, que a su vez generaría una competencia desigual.